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O hay gobierno antes de que termine el año o los funcionarios comenzarán el nuevo ejercicio con los salarios congelados. Ya lo avisó el mes pasado el presidente en funciones, Pedro Sánchez, en una carta enviada a los principales sindicatos y va a dar marcha atrás. Así lo reiteró hoy el ministro de Política Territorial y Función Pública en funciones, Luis Planas, en unas declaraciones a los medios, precisamente el mismo día en el que los empleados públicos, convocados por CSIIF, salieron a la calle en diversas capitales de provincia a modo de protesta.

«Desde el punto de vista legal, un gobierno en funciones no puede llevar a cabo ese aumento, que en todo caso será devengado con fecha 1 de enero, probablemente con efecto retroactivo si no puede ser antes», aseguró el ministro, quien no obstante mostró su «deseo» de que haya Ejecutivo antes de final de año y «pueda tomar esta decisión» en el momento en que tenga «plena capacidad». Y es que el ministro se escudó en que estando en funciones no era posible aprobar la subida pactada a los funcionarios del 2% mediante un Real Decreto. «Hay que tener muy en cuenta cuáles son las condiciones en las que nos encontramos, ya que aunque tener un presupuesto prorrogado no plantea problemas, sí el hecho de estar en funciones, según nos han indicado los servicios jurídicos», precisó.

Pero esta excusa no convence a los sindicatos, que en estas últimas semanas se han movilizado para evitar que una vez más los más de 2,5 millones de empleados públicos comiencen el año con una pérdida de poder adquisitivo. Se preguntan por qué sí es posible subir las pensiones con el IPC antes de que termine el año a través de un Real Decreto ley –tal y como se comprometió Pedro Sánchez incluso aunque esté en funciones– y no se puede hacer esto mismo con los funcionarios, cuando además se trata de un tema que ya estaba pactado con el anterior ministro, Cristóbal Montoro, y en el que se contempló una subida fija del 2%, a la que se podría sumar otro 1% extra si el PIB crece igual o más del 2,5% en 2019, algo improbable a la vista de la previsión de que avance un 2,1%; e incluso se estableció un alza del 0,30% de fondos adicionales, que determina cada Administración cómo emplearlo.

Más poder adquisitivo

¿Qué supondrá esta subida para el bolsillo de los funcionarios? Es muy complicado hablar de las retribuciones de este colectivo, puesto que, además del grupo y categoría a la que pertenecen, influye significativamente la comunidad autónoma donde ejerzan la profesión, la antigüedad laboral y los diferentes complementos (complemento específico, de destino, de productividad), por lo que la brecha puede ser muy amplia. Pero el sueldo medio se situaría en torno a los 1.800 euros brutos al mes repartidos en 14 pagas, según estimaciones de CSIF, con lo que el nuevo incremento supondría 36 euros más al mes de media y algo más de 500 euros al año.

Cuando esto se materialice, los funcionarios ganarán poder adquisitivo después de los años de recortes sufridos durante la crisis, que golpeó especialmente a este colectivo. Concretamente 1,6 puntos si se toma como referencia el IPC de noviembre conocido hoy (0,4%). Y si se tiene ya en cuenta el del próximo año, la ganancia se reduciría a menos de un punto, puesto que la estimación del Banco de España es una inflación del 1,1% en 2020.

Además de estar a la cabeza de Europa en paro y temporalidad, España tiene otro dudoso honor: se sitúa como el tercer país de la UE con mayor porcentaje de trabajadores pobres. Así lo advirtió este lunes el director de la oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para España, Joaquín Nieto, durante una rueda de prensa celebrada con motivo de la Jornada Mundial del Trabajo Decente. Solo Rumanía, con un 24% de sus trabajadores, y Grecia, con un 17%, lo superan y supone 3,5 puntos más que la media europea, que se sitúa en el 9,5%. Esto significa que un 13% de los ocupados en España tienen unos ingresos que están un 60% por debajo de la mediana.

La OIT echó la culpa de este elevado nivel de pobreza entre los trabajadores a los bajos salarios que se pagan en España y, en gran parte, al elevado porcentaje de trabajo a tiempo parcial, que se ha incrementado en los últimos años y afecta ya a más de tres millones de trabajadores, de los cuales, 2,1 millones son mujeres. Pero lo más preocupante es que la inmensa mayoría de estos empleos no son voluntarios, lo que significa que desearían trabajar más horas y no pueden: más del 60%, lo que duplica la media europea, que se sitúa en el 30%. Si a esto se le suma la elevada temporalidad, que afecta a más de uno de cada cuatro trabajadores, el resultado es que España se sitúa a la cabeza en precariedad.

Además, desde la OIT advirtieron de los «nuevos retos y oportunidades» que se van a generar en torno a las actividades relacionadas con los cuidados, derivado del envejecimiento de la población, por lo que pidieron modificar la política de cuidados, puesto que hay que resolver que dos terceras partes de los trabajos no remunerados relacionados con los cuidados los realizan las mujeres, que también son mayoría en los que sí están remunerados.

Por otra parte, la OIT denunció que más de la mitad de los trabajadores a nivel mundial no cuentan con protección social.